La Firma brinda asesoría y representación legal a sus clientes, ante las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. La participación de VILLAR^® en menor medida se limita a brindar consultas y asesorías con relación a la interpretación y aplicación de leyes y procedimientos administrativos. Por el contrario, en su mayoría, se requiere de la participación de sus expertos en litigio administrativo, quienes cuentan con una amplia experiencia profesional y académica, en materia de amparo administrativo, litigio fiscal, procedimiento administrativo y derecho administrativo general.

La Firma ofrece la defensa en contra de decisiones gubernamentales que puedan violar los derechos garantizados por las leyes y la Constitución Mexicana, a través de la interposición de los medios de defensa previstos por la normativa vigente, incluyendo la preparación y presentación de demandas de amparo, demandas de nulidad, recursos administrativos y demás recursos, escritos necesarios para la atención y seguimiento de juicios y procedimientos ante el Poder Judicial Federal, Tribunales Administrativos Federales y Locales o autoridades administrativas.

Los servicios comprenden la asesoría, consultoría y tramitación procedimental ante este tipo de autoridades y en su caso, el litigio contencioso administrativo y litigio constitucional. Igualmente, comprenden los siguientes:

• Asesoría preventiva y correctiva, así como procedimientos en sede administrativa y judicial con respecto a la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;
• Asesoría y gestión de autorizaciones, licencias o permisos ante autoridades federales, estatales y municipales;
• Asesoría y gestión de procedimientos administrativos y judiciales por acusaciones por presuntos actos de corrupción;
• Atención a visitas de verificación de autoridades federales, estatales o municipales, así como atención y seguimiento a los procedimientos de sanción derivados de estas;
• Concesiones de bienes del dominio público;
• Concesiones de servicios públicos;
• Declaratorias de interés público y procedimientos de expropiación;
• Juicios contenciosos administrativos en contra de autoridades municipales, estatales y federales;
• Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades municipales, estatales y federales;
• Procedimientos de conciliación y mediación ante dependencias públicas;
• Procedimientos de contratación gubernamental (licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa);
• Procesos constitucionales en defensa de actos de autoridad, contra leyes y normas de aplicación general;
• Quejas y procedimientos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra de vulneración de los derechos humanos cometidos por autoridades administrativas;
• Recomendación de acciones a seguir para dar cumplimiento a la legislación federal, estatal o municipal, con el fin de prevenir cualquier tipo de contingencia;
• Responsabilidad administrativa de particulares, funcionarios públicos e inhabilitaciones para contratar con el gobierno;
• Responsabilidad patrimonial del Estado frente a particulares.