Declaratoria de Emergencia Sanitaria (COVID-19)

En seguimiento al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo el “DOF”) el día 31 de marzo de 2020, en el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), nos permitimos remitir el presente reporte que contiene el análisis de las Medidas de Seguridad Sanitaria aplicables al sector privado, a efecto de que los diferentes entes económicos se encuentren ajustados a los preceptos legales establecidos, lo cual realizamos de la siguiente manera:

Declaratoria de Emergencia Sanitaria:

En primer plano, es de suma importancia establecer que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el DOF, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Dentro de las acciones extraordinarias señaladas, se contempló la necesidad de que, además de las mencionadas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud implementaría las demás que estimare pertinentes.

Asimismo, como ya fue comentado en un reporte previo, el día 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General (Autoridad Sanitaria), publicó en el DOF el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.

Dicho Acuerdo antes referido, encuadra en el supuesto previsto por el artículo 427 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, lo cual implica que NO fue emitida con efectos de “Declaración de Contingencia Sanitaria”, la cual sería la que estipula el artículo 427 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo.

Para el caso que actualmente nos ocupa, la “Declaración de Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor”, trae aparejada la suspensión colectiva, necesaria e inmediata de las relaciones laborales y diversas consecuencias legales, las cuales procedemos a analizar de la siguiente forma:

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos;

En tales circunstancias, el procedimiento legal establecido en el artículo 429, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, coloca a la empresa en la obligación de dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, respecto a la suspensión de las relaciones laborales colectivas, ello por medio del procedimiento previsto en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, esto con el objeto de que la Autoridad Laboral determine si aprueba o desaprueba la suspensión de las relaciones laborales, precepto de Ley que transcribimos de la siguiente forma:

Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes:
I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento consignado en el artículo 892 y siguientes, la apruebe o desapruebe;

Para este caso en específico y tomando en consideración que ninguna de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran en ejercicio de sus funciones, podemos prever que al término del periodo previsto como Declaración de Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor, si la empresa decide tramitar el aviso de suspensión de relaciones laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje puede pronunciarse enunciando la aprobación o no de la misma y en su caso, los términos y consecuencias de lo anterior.

Antes de comenzar con el análisis de las medidas preventivas adoptadas por la Secretaría de Salud, es importante destacar algunas partes del acuerdo antes referido, emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el DOF el día 31 de marzo de 2020:

“…ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:

  1. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;
  2. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:
    1. Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
    2. …
    3. Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transportes de pasajeros y carga; producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
    4. …, y
    5. Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría;
  3. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:
    1. No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;
    2. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;
    3. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo);
    4. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y
    5. Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal;
  4. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;
  5. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;
  6. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México…”

Es decir, de una simple lectura del Acuerdo en estudio podemos establecer que se ordena la suspensión inmediata de todas las actividades económicas del sector privado, exceptuando las categorizadas como actividades esenciales, es decir, las descritas en la fracción II, incisos a), c) y e).

No obstante lo anterior, en el caso particular de nuestra representada, será necesario que internamente sea analizado si las actividades de la misma se encuentran incluídas dentro de aquellas establecidas como esenciales y en caso que así lo consideremos, sugerimos contar con documentos que puedan generar en la Autoridad, la convicción respecto a ello, a saber, un listado de clientes entre los cuales se encuentren incluídos aquellos considerados dentro de las actividades esenciales, órdenes de compra, cartas porte facturas y demás documentación que apoye a acreditar la necesariedad de continuar con operaciones dentro del centro de trabajo.

Ahora bien, en caso de continuar operando basándonos en el carácter esencial de las actividades que realiza la compañía, debemos sujetarnos obligatoriamente a las medidas de prevención establecidas en la fracción III del citado Acuerdo.

Seguidamente, es importante mencionar que, si bien el multicitado acuerdo no establece qué tipo de procedimientos, acciones o en su caso, sanciones se pudieran imponer en caso de incumplimiento, ello no significa que eventualmente, no pudieran existir las mismas, puesto que en el articulo segundo del documento analizado, se modifica la integración del Consejo de Salubridad General y se incorporan otras autoridades, como se puede ver enseguida:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales titulares a las siguientes personas:

  1. El Titular de la Secretaría de Gobernación;
  2. El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
  3. El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
  4. El Titular de la Secretaría de Marina;
  5. El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
  6. El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

Particularmente, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social podría, una vez que estuvieran definidas sus facultades y alcances, realizar la inspección de los centros de trabajo con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas referidas y en su caso, obligar al cierre de operaciones, pues dentro de sus facultades si están verificar las condiciones laborales, dentro de las que se encuentran la seguridad e higiene.

Medios de Defensa Legal e Impugnaciones.

Cabe mencionar que el propio Acuerdo, se emite con fundamento en una serie de disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Salud y analizando cada uno de ellos, no se desprende que el Secretario de Salud tenga facultades para restringir las actividades eonómicas afectadas.

Del estudio que hemos realizado a la figura jurídica implementada por el Consejo de Salubridad General, mediante el acuerdo de fecha 30 de marzo de 2020, la cual se encuentra prevista en el artículo 427 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la “Declaración de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor”, podemos concluir que existen los elementos necesarios para que en un futuro se puedan interponer las impugnaciones en contra de los efectos de dicho decreto, toda vez que el citado Consejo de Salubridad General, fundó de manera totalmente errónea la citada “Declaración de Emergencia”, pretendiendo que el motivo de dicha declaratoria encuentre su origen en una “causa de fuerza mayor”, la cual se tiene prevista para casos tales como: terremotos, tsunamis o cualquier otro evento de proporciones similares y ocasionados por la naturaleza. De esta forma, la citada Autoridad Sanitaria encontró mediante un juego de palabras y conceptos jurídicos, la forma de legalizar su determinación, evadiendo la responsabilidad de emitir la “Declaración de Contingencia Sanitaria”, ya que este supuesto regula el proceder legal de las relaciones laborales en caso de una pandemia causada por enfermedad contagiosa, tal como sucede en la realidad en el caso que nos ocupa, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 427 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, misma que traería aparejada tanto la suspensión de las relaciones laborales, así como el pago de la indemnización a favor de los trabajadores, por el periodo máximo de un mes, equivalente a la cantidad de un salario mínimo general, es decir $123.22 (Ciento veintitrés pesos 22/100 M.N.).

Autoridades Competentes y Sanciones.

Otro de los elementos que cobran suma importancia para impugnar los decretos analizados, es la falta de determinación para identificar qué Autoridades serán las que se encuentren revestidas de la competencia necesaria para verificar el cumplimiento, tanto de los lineamientos para establecer qué empresas serán catalogadas como “actividades esenciales”, así como la inspección del cumplimiento de las Medidas de Seguridad Sanitaria al interior de las empresas, puesto que, a la fecha, no se encuentra definido de ninguna forma quiénes serán las Autoridades Competentes que deberán resolver, inspeccionar y en su caso, sancionar.

Por otra parte, de una revisión del apartado de sanciones que contiene la Ley General de Salud, no se desprende ninguna por incumplimiento a los artículos en que se funda, por lo que, a la fecha, en caso de que alguna autoridad pretenda ejercer medidas coactivas o restrictivas al tenor del decreto o acuerdo en mención, no existe una sanción prevista ni procedimiento alguno posible, porque el propio acuerdo no lo señala.

No obstante lo anterior y sin pasar por desapercibido que en el artículo 152 de la Ley General de Salud, faculta la Autoridad Sanitaria para efectuar la clausura de locales o centros de reunión, lo más importante es que ninguno de los documentos antes establecidos se fundamentaron en este artículo, de modo que se refuerza que dichas medidas son de tipo voluntario no obligatorio.

En el mismo tenor y por lo que ve a la implementación de las inspecciones que tengan por objeto verificar el cumplimiento de los decretos implementados por el Consejo de Salubridad General, consideramos que, debido a que las propias dependencias gubernamentales se vieron obligadas a descansar a gran parte de su personal (mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y personal diagnosticado con enfermedades crónicas), dichas dependencias de gobierno no cuentan con el personal suficiente para poder ejecutar las citadas inspecciones, sin embargo, la posibilidad de una inspección de esta indole persiste, ya que puede encontrar su orígen en diversas denuncias anónima, que pudiesen estar generadas, por diversos trabajadores inconformes.

Ahora, si bien es cierto que los argumentos que hemos descrito en el presente apartado y de los que hemos denunciado las deficiencias legales en las que han incurrido las diferentes Autoridades constituidas para emitir el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020, es de suma importancia atender que, aunque los medios de impugnación cuenten con la debida integración de las pruebas y éstos se encuentren correctamente fundados, existen amplias posibilidades de que las Autoridades Jurisdiccionales resuelvan las impugnaciones de manera contraria a los intereses del sector privado, ya que de conformidad a las declaraciones expuestas en la conferencia de prensa del día 30 de marzo de 2020, por parte del Canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se anticipó que las empreas que vayan a juicio en contra de las medidas impuestas, perderían dichos litigios, dejando entrever que las autoridades jurisdiccionales contarían con un lineamiento político para resolver los casos de esta naturaleza.

Pago de Salarios.

En el mismo orden de ideas y tomando en consideración que en la conferencia de prensa emitida por el Consejo de Salubridad General, el día 30 de marzo de 2020, se anunció una Declaración de Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor y NO una Contingencia Sanitaria, hacemos hincapié respecto a las obligaciones que las entidades patronales ostentan frente al pago de salarios de los trabajadores, ya que se mencionó la inaplicabilidad de los artículos 427 fracción VII y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, preceptos de Ley que establecen que en caso de una Declaración de Contingencia Sanitaria, los patrones deberán realizar el pago de una indemnización equivalente a un salario mínimo diario $123.22 (Ciento veintitrés pesos 22/100 M.N.), por un periodo máximo de 30 días. Es decir en las circunstancias en que nos encontramos inmersos, persiste en su totalidad la obligación impuesta sobre la empresa de realizar el pago de los salarios íntegros a los trabajadores, ello durante el periodo en el que sean suspendidas las actividades económicas. Un contrario proceder, podría acarrear que la unidad de negocios fuera objeto de sanciones económicas por concepto de multas.

Sin embargo, en el caso que la actividad de la compañía no se encuentre entre las contempladas como esenciales y en consecuencia, deba suspender operaciones, existen opciones para evitar un grave daño económico durante el tiempo que dure dicha suspensión, entre las cuales encontramos el anticipo de vacaciones sin goce de sueldo, o celebrar con la representación sindical o con los trabajadores, Convenios de Paro Técnico, mediante los cuales se pudiera establecer la reducción de salarios en el porcentaje negociado entre las partes, porcentajes que de ninguna manera pueden ser inferiores al salario diario mínimo vigente, es decir por la cantidad que asciende a $123.22 (Ciento veintitrés pesos 22/100 M.N.); sugerencias que en todos los casos deberán establecer los peridos perfectamente definidos.

De esta manera, nos permitimos externar las recomendaciones de esta, su Firma de Abogados, a efecto de que la compañía se encuentre en la capacidad de acreditar el cumplimiento de las medidas de prevención antes enunciadas, lo cual realizamos de la siguiente manera:

  1. Llevar controles estrictos de asistencia, a fin de no rebasar el número de personas permitidas de conformidad al contenido de la fracción III del Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020.
  2. Adquirir termómetros digitales (infrarrojos) con el objeto de detectar que la temperatura corporal de los trabajadores no se encuentre superior a los 38 ºC, y de esta manera filtrar el ingreso del personal al centro de trabajo, registrando en cada caso la toma de la temperatura en bitácoras destinadas para ello.
  3. Promover el lavado de manos frecuente al interior del centro de trabajo. Se recomienda que en caso de no contar con las instalaciones necesarias para poner en práctica el lavado de manos, se puede optar por la implementación de lavabos portátiles, los cuales deberán estar provistos de todos los elementos necesarios para tales efectos (agua, jabón y toallas desechables).
  4. Promover las medidas de etiqueta sanitaria para tos o esturnudos, así como las medidas de sana distancia entre los trabajadores.
  5. Identificar mediante expedientes, cuestionarios y diagnósticos a los trabajadores que encuadren en la descripción de grupos vulnerables, tales como: personas mayores de 60 años de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión (adquirida o provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato, y de las que incluimos personas en periodo de lactancia, así como a menores de edad; ello con el objeto de obligar a que estos cumplan inmediatamente con el resguardo domiciliario corresponsable respecto al periodo comprendido del 30 de marzo al 30 de abril 2020.
  6. Es importante tomar en cuenta que, en caso de acontecer un deceso por motivo del COVID-19 dentro del personal de la empresa y que se determinara que el contagio ocurrió dentro de las instalaciones o que el propio fallecimiento ocurrió en el centro de trabajo, lo anterior sería considerado como riesgo de trabajo.

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